SUMARIO

EDITORIAL: Cuando la posibilidad para la reconciliación se convierte en algo abusivo.

1. NOTICIAS

2. EL DIALOGO ENTRE EL GOBIERNO Y EL M23 EN KAMPALA.

3. CUESTIÓN DE PUNTOS DE VISTA.

4. UNA FUERZA INTERNACIONAL PARA COMBATIR A LOS GRUPOS ARMADOS.

EDITORIAL: CUANDO LA POSIBILIDAD PARA LA RECONCILIACION SE CONVIERTE EN ALGO ABUSIVO.

Evaluación de un acuerdo.

El 6 de febrero, según un comunicado de prensa emitido por el mediador entre la delegación del gobierno congoleño y la del Movimiento del 23 de marzo (M23), las dos delegaciones han examinado y se han adherido al informe de evaluación del acuerdo firmado el 23 de marzo de 2009 en Goma, por Kinshasa y el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), entonces movimiento político-militar. Según dicho comunicado, de los 35 puntos que conformaban el acuerdo de Goma, el gobierno ha realizado completamente quince, ocho han sido parcialmente realizados y doce han sido mal aplicados o no realizados. El comunicado, demasiado corto (ocupa media página), no permite llegar a comprender el contenido de la citada evaluación, las responsabilidades de las diferentes partes, y las proposiciones para completar la puesta en marcha del acuerdo de 2009.

El mediador, el Ministro ugandés de Defensa, Crispis Kiyonga, ha declarado que la firma de este documento constituye una primera etapa importante para poder proseguir con el diálogo, y ha afirmado: «El diálogo se desarrolla con espíritu de reconciliación» y que «los líderes de las dos partes se han comprometido a continuarlo». El mediador ha pronunciado, de manera consciente o inconsciente, la fatídica palabra «reconciliación». Es una palabra  positiva, pero en el contexto en el que fue pronunciada, puede tener consecuencias peligrosas para la RDC.

El contexto.

El 9 de febrero, durante una entrevista concedida a la radio La Voz de América, Sultani Makenga, jefe militar del M23, declaró que, en caso de una conclusión positiva  del diálogo de Kampala, el M23 tendría su propio partido político. En este caso, como por arte de magia, un movimiento político-militar inscrito en la lista del Comité de Sanciones de la ONU podría transformarse en un partido político legalmente reconocido.

En una carta fechada el 11 de enero y dirigida al Secretario General de la ONU, el presidente ugandés Yoweri Kaguta Museveni escribió que, «para resolver los problemas en el este de la RD del Congo, existen tres aspectos esenciales que han de tenerse en cuenta; 1) El respeto al derecho de los tutsi banyaruanda a la nacionalidad congoleña, 2) la solución de la cuestión de aquellas fuerzas negativas que siguen utilizando a la RD del Congo como plataforma para desestabilizar a los países vecinos y 3) la prioridad de la búsqueda de la paz sobre las exigencias de la justicia». Sin duda alguna, esta carta bloqueó y aplazó la firma de un acuerdo de paz para el este de la RD del Congo, prevista para el 24 de enero en Addis-Abeba en el transcurso de una cumbre de la Unión Africana en la cual el propio secretario general Ban Ki-moon participaba. Asimismo, el acuerdo prevé el despliegue de una fuerza internacional neutral para combatir y desarmar a todos los grupos activos armados en el este de la RD del Congo, incluido el M23.

Una de las verdaderas razones por la cual se ha aplazado la firma de dicho acuerdo aparece en una entrevista del 31 de enero concedida al semanario francés Jeune Afrique por el antiguo vice-presidente del Senado de Ruanda, Prosper Higiro, que afirmó que, si se conseguía un acuerdo antes del despliegue de la fuerza internacional neutral, ésta ya no debería combatir contra el M23, ya que no se le consideraría una fuerza negativa, sino únicamente contra los demás grupos armados (FDLR, LRA,Maï- Maï).

Las consecuencias de la evaluación.

Algunos miembros de la delegación del M23 afirmaron rápidamente que si el gobierno congoleño se ha comprometido a proseguir con el diálogo significa que ha dejado de considerar al M23 como un grupo terrorista. Como por arte de magia, tras haber recurrido a las armas para defender sus privilegios y haber obligado a 500.000 personas a huir, el M23 tiene la osadía de presentarse como un socio privilegiado del gobierno, para poner fin a una guerra de la que él mismo es responsable. Clasificada como fuerza negativa por la CIRGL, la UA y la ONU, el M23 se propone ahora como una fuerza positiva con la cual el gobierno puede contar para desarmar y repatriar a las fuerzas negativas extranjeras (FDLR, ADF-Nalu, LRA, FNL) y combatir a los grupos armados nacionales (Maï-Maï).

Puesto que el M23 revindica su integración política a nivel provincial y nacional, si el M23 se reconociera como partido político, no sería descabellado pensar que el nuevo partido exigiera un reajuste del gobierno central y solicitara que se le confiara un ministerio, por ejemplo el de Defensa. ¿Quién sería el nuevo ministro? ¿El actual jefe político del M23, Jean-Marie Runiga, sancionado por la ONU (prohibición de viajar y bloqueo de sus bienes)?

El M23 exige una amnistía por los hechos de guerra e insurreccionales cometidos desde el 7 de mayo de 2009. Hasta el momento actual, que se sepa, nunca ha habido ni una «declaración de guerra» ni una «insurrección popular». En el caso del M23, se trata de soldados que han desertado del ejército nacional para defender, con armas robadas al estado, sus intereses militares, económicos y comerciales y, por consiguiente, deben ser arrestados y perseguidos de acuerdo con la ley. Concederles una nueva amnistía sería reforzar la práctica de la impunidad. Reintegrarlos en el ejército, confiándoles siempre en nombre de la «reconciliación», puestos de responsabilidad sería traicionar las expectativas de la población y preparar el terreno para otros conflictos. Por otro lado, ¿quién sería el nuevo jefe del estado mayor del ejército congoleño? ¿El general Bosco Ntaganda, buscado por la Corte Penal Internacional? ¿Quién sería el nuevo jefe del Estado Mayor de la región militar de Kivu del  norte? ¿El general Sultans Makenga, sancionado por el Consejo de Seguridad de la ONU?

La utilización de la palabra «reconciliación» es impropia y abusiva.

En este contexto, la utilización de la palabra «reconciliación» es impropia, abusiva, peligrosa e ilegítima. La delegación del gobierno congoleño en Kampala no puede permitirse el cometer el más mínimo error, so pena de hipotecar el futuro de la nación.

1. NOTICIAS.

El 3 de febrero, en una nota hecha pública en Kinshasa, se ha anunciado la creación de una nueva coalición formada por aproximadamente 12 grupos armados destacados en su mayoría en Kivu del Sur, al este de la RD del Congo. Su objetivo es el de derrocar el régimen del presidente Joseph Kabila, reelegido a finales de 2011 tras unas elecciones cuanto menos dudosas. La Unión de Fuerzas Revolucionarias del Congo (UFRC) ha anunciado su formación a mediados de enero y se define como un movimiento «político-militar». Se ubica en Bukavu, capital de la provincia de Kivu del Sur. En su nota de fecha 25 de enero enviada al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Gustave Bagayamukwe Tadji, presidente del comité de coordinación de la coalición, solicita la marcha del presidente Kabila, la creación de «órganos nacionales de transición», la organización «de elecciones democráticas» y por último, «la reforma del sistema de defensa y de seguridad» Asimismo pide “la persecución judicial(…) por alta traición contra Joseph Kabila» acusado de engañar en las dudosas elecciones del 28 de noviembre de 2011.

La UFRC asegura que «próximamente dirigirá» la provincia de Kivu del Sur, «a la espera de la dimisión efectiva y definitiva del régimen actual». La UFRC se ha pronunciado, sin precisar más al respecto, a favor de  «la anulación del envío de una fuerza exterior, por muy neutral que sea, para garantizar la paz en toda la región». Candidato a la diputado nacional por la ciudad de Bukavu con el número 154 en las elecciones legislativas de noviembre de 2001, Gustave Bagayamukwe, a la cabeza de la UFRC, había fracasado, como varios cientos de candidatos, a la elección de diputado nacional. Es, asimismo, presidente de la asociación para la defensa de los intereses de la ciudad de Bukavu, (ADIB). Por todo lo anterior, ¿puede concluirse que entiende la defensa de los intereses de Bukavu mediante las armas? O bien, ¿pertenece a ese grupo de politicastros sin escrúpulos que, para justificar su empresa criminal, no cesan de fundar sus reivindicaciones sobre las elecciones mal organizadas? Gustave Bagayamukwe fue detenido por los servicios de seguridad el 10 de febrero a las cinco de la mañana en Uvira, y directamente llevado a Bukavu, capital de Kivu del Sur, desde donde se le transfirió a Kinshasa.[1]

El 5 de febrero, los jefes de cinco grupos armados que operan en el territorio de Masisi (Kivu del Norte), firmaron un pacto de no agresión para poner fin a los conflictos étnicos en ese territorio. Los firmantes de este pacto de no agresión son: las fuerzas para la defensa de los derechos humanos (FDDH/Nyatura), el Movimiento de acción para el cambio (Mac), la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano (APCLS), el Raïa Mutomboki y una rama de desertores de las FARDC. Tras la firma de este acuerdo, los milicianos han formado una coalición denominada Alianza de Patriotras Contra la Balcanización del Congo (APCBCO). Esta tiene como objetivo poner fin a la guerra entre las etnias Hunde, Nyanga, Tembo y las poblaciones Hutu en la región de Masisi. La APCBCO está dirigida por Janvier Kalahiri, jefe de la APCLS. Está secundado por Bwira, comandante de Raïa Mutomboki y de Kapoki, jefe de Nyatura. El gobierno provincial de Kivu del Norte y la sociedad civil ven con buenos ojos esta iniciativa y dicen esperar su resultado y su duración.[2]

2. EL DIALOGO ENTRE EL GOBIERNO Y EL M23 EN KAMPALA.

El 30 de enero, la delicada cuestión del orden del día resulta ser de nuevo un pulso entre Kinshasa y el M23. En el fondo, nos encontramos de nuevo con la misma división; por un lado los rebeldes que quieren abordar todos los temas políticos, y por otro lado el gobierno, que evita entablar este debate. Para la delegación gubernamental, se ha franqueado la etapa de evaluación del acuerdo del 23 marzo de 2009, y el resto se ha de discutir en el país. La delegación del M23 no es de la misma opinión. La mediación ugandesa propone la organización de dos comisiones para continuar con la negociación: dos comisiones mixtas que trabajarían simultáneamente y que contarían con el mismo número de representantes del M23 y de Kinshasa. Una de ellas trabajaría sobre cuestiones de seguridad, y la otra sobre política, cuestiones sociales y economía. Sin embargo, Kinshasa no está de acuerdo. Una puesta en marcha de este tipo equivale a organizar un debate sobre la política global de la RDC. Según el gobierno, la preocupación principal debería consistir en delimitar las razones por las que el M23 ha tomado las armas y cuáles son las claves para poder poner el punto final a esta rebelión e instaurar una paz duradera en Kivu del Norte. Este nuevo acercamiento, para los que siguen las discusiones de cerca, es para el mediador una forma de responder de manera positiva a las pretensiones del M23, el cual, está claro que no cejará en su determinación en cuestionar todo a Kinshasa. La mediación ugandesa tendrá que buscar un compromiso entre las dos partes.[3]

El M23 ha remitido al mediador un documento para abordar el segundo punto del orden del día, relativo a cuestiones de seguridad. En este documento firmado en Kampala el 27 de enero de 2013 por François Ruchogoza, secretario ejecutivo del M23 y jefe de la delegación, el M23 dice querer combatir las fuerzas negativas con el gobierno y las fuerzas armadas congoleñas. De esta manera, a pesar de ser calificada como fuerza negativa por la CIRGL, la UA y la ONU, el M23 se redime y se sitúa por encima de las otras fuerzas negativas. Para restaurar la seguridad en la RD del Congo, el M23 propone la creación de un Secretariado Nacional de Seguridad y de Información (SNSR) que fusionará la ANR y la DGM y su integración en las FARDC. En el plano del ejército y de la policía, el M23 solicita el reconocimiento formal de la graduación de sus militares. Solicita su integración en el seno de los Estados Mayores de las regiones militares y la creación de brigadas autónomas. El M23 quiere combatir junto a las FARDC para erradicar y repatriar las fuerzas negativas, FDLR, ADF-NALU, LRA, FNL y los grupos armados nacionales. Exige que la logística esté a cargo del gobierno. En este sentido, quiere la creación de un departamento de información mixto (Joint Intelligence Team) con Uganda, Ruanda, Burundi que se delimitará en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Maniema, de la provincia oriental, y en Katanga del Norte. Según algunas fuentes, la delegación del gobierno rechaza este documento del M23, y solo aceptará algunos puntos.[4]

El 4 de febrero, se inicia el examen del tercer y antepenúltimo punto del orden del día relativo a las cuestiones políticas, sociales y económicas.

Los delegados del M23 han formulado sus quejas sobre la violación de la constitución y proponen la anulación de las elecciones del 8 de noviembre de 2011, la disolución del senado y de las asambleas provinciales y la puesta en marcha de un consejo nacional de transición congoleña (gobierno de transición). Proponen la creación de una comisión independiente para los derechos del hombre, la creación de un ministerio que se encargue de las cuestiones relativas a la reconciliación y la promulgación de una ley que reprima la xenofobia y proteja a la minoría. Propone también una ley de amnistía para hechos de guerra y de insurreción cometidos desde el 7 de mayo de 2009. El M23 propone la anulación de la ordenanza-ley que prohíbe la explotación ilegal y la exportación fraudulenta de materias primas preciosas al este de la RDC, y propone la creación de una comisión especial mixta para llevar a buen término de manera rápida el proceso de integración de la RDC a la Comunidad del Este de África (CAE) y la puesta en marcha del pacto para la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo en la región de los Grandes Lagos, la creación de un programa para la reconstrucción y el desarrollo que facilite las condiciones de seguridad y socio-esconómicas favorables para el retorno voluntario de los desplazados internos y de los refugiados, así como la reposición, sin más dilación, de sus derechos como diputado nacional, al honorable Roger Lumbala.

La delegación del gobierno de Kinshasa se reunió por la tarde con el fin de dar respuestas de evaluación y resolución de las citadas propuestas.[5]

El 5 de febrero, los delegados del gobierno afirmaron que se había llevado a cabo el grueso del trabajo y que el número de delegados del M23 y del gobierno debe pasar de alrededor de treinta a doce por cada delegación. «El seguimiento que queda por hacer es un trabajo técnico y un grupo de técnicos se va a quedar para ello», ha declarado el diputado Konde Vila Kikanda, elegido por Kivu del Norte. «Corresponde ahora hacer la sintésis al mediador ugandés” declara el diputado Oscar Nsamane, que precisa: «Los rebeldes han presentado sus reivindaciones y sus proposiciones; el gobierno ha replicado. De este punto de partida, el mediador va a tomar el punto de vista de los rebeldes y lo va a comparar con el punto de vista del gobierno para poder sacar sus conclusiones». Sin embargo, para la delegación del M23, esta disminución del número de delegados «debe decidirse con las dos partes sentadas alrededor de una mesa». Puesto que las negociaciones se atascan y siguen en punto muerto, Kinshasa finalmente ha decidido llamar a su personal político para dejar únicamente in situ a los expertos encargados de proseguir con las tareas de la comisión y las discusiones con los delegados del M23. Otras razones explican de igual manera la última decisión del gobierno congoleño. Sería también el caso de la logística, ya que Kinshasa sería el que el que asumiría los gastos en Kampala, incluida la intendencia de los delegados del M23.[6]

El 6 de febrero, según un comunicado de la conferencia internacional sobre la región de los Grandes Lagos (CIRGL), el gobierno congoleño y el M23 han examinado y aprobado el informe de evaluación del acuerdo de paz firmado el 23 de marzo de 2009 entre Kinshasa y el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP). Las dos partes, prosigue el comunicado de prensa de la CIRGL, finalmente se han pronunciado sobre la puesta en marcha de este acuerdo, artículo por artículo.

El mediador, Cripsus Kiyonga, Ministro ugandés de Defensa., ha reagrupado las disposiciones del acuerdo en tres categorías. Hay disposiciones que se han puesto completamente en marcha, disposiciones parcialmente en marcha y disposiciones que no han sido tratadas.

Crosus Kiyonga ha señalado que, de los treinta y cinco puntos del acuerdo de Goma, el gobierno ha realizado únicamente quince. Ha citado, por ejemplo, la integración de exmilitares del CNDP en el seno de las FARDC y la transformación del CNDP, entonces movimiento político-militar, en partido político y la creación de comités locales permanentes de conciliación. Ha añadido que se han realizado parcialmente ocho puntos. Doce puntos de este acuerdo, ha proseguido el mediador, no se han realizado jamás. De entre estos, ha citado el mediador, estaría la no creación de la policía de proximidad y el no regreso de los refugiados a su territorio de origen. El comunicado de prensa de la CIRGL precisa que las dos partes reconocen que el acuerdo del 23 de marzo de 2009 sigue siendo procedente. Es por ello que las dos delegaciones han recomendado la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento y evaluación.

Según el honorable Mashako Mamba, que había dirigido la sección humanitaria del programa Amani, las repetidas guerras provocadas por las mismas personas no han permitido la realización completa del acuerdo de Goma. El Ministro ugandés de Defensa, Crispus Kiyonga, afirma su optimismo. Según él, esta primera firma constituye un paso importante para la continuación por parte de  os portavoces. «Este diálogo se realiza con espíritu de reconciliación» dice, y añade que «los líderes de las dos partes se han comprometido a continuarlo». En próximas fechas, las dos delegaciones deberán enfrentarse a temas como la seguridad, la política., temas sociales y económicos. Esto constituye el punto débil. Por parte de Kinshasa, el senador Mulaila declara: «No daremos respuestas positivas a las reivindicaciones que sean contrarias a la constitución».[7]

En el documento firmado en Kampala a finales de la semana pasada, algunos elementos hacen temer que ciertos puntos serán muy difícilmente aplicables. Para comenzar, la integración de los soldados del M23 en el ejército regular. Según el texto, la totalidad de los soldados rebeldes deberán ser integrados en el ejército nacional con el grado de mayor, y después desplegarse en todo el territorio. Este punto constituyó ya el principal bloqueo de los acuerdos de 2009: los rebeldes rechazaron alejarse de Kivu, donde afirmaban defender su comunidad amenazada (tutsi). Otro punto de fricción: los jefes rebeldes. Las autoridades congoleñas simplemente proponen detener a los comandantes buscados por órdenes nacionales o internacionales. Una solución que resuelve sin duda el problema de la vuelta de los jefes rebeldes al ejército, pero que será (indudablemente) rechazada por los principales interesados. Difícilmente imaginamos a Bosco Ntaganda, Sultani Makenga, Innocent Zimurinda o Baudouin Ngaruye rendirse para ser juzgados por la justicia congoleña. Por lo tanto, parece poco probable que los portavoces de Kampala puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. En el mejor de los casos, las dos partes firmarán en Kampala un mini acuerdo sin consistencia, el cual caerá en el olvido en la primera escaramuza militar que haya sobre el terreno. En el peor de los casos, no se firmará nada, y las armas serán las que hablarán en los alrededores de Goma, ya que el M23 está a pocos kilómetros de la capital de Kivu del Norte, preparado para volver a asaltar la ciudad.[8]

La Asociación Africana de Defensa de los Derechos del Hombre (ASADHO) declara sentirse preocupada por el anuncio de una eventual reconciliación entre el M23 y el gobierno de la RDC.
A la vez que recuerda que nadie puede oponerse a la reconciliación entre los congoleños, la ASADHO considera que todos los rebeldes del M23 y los militares de las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) que sean culpables de las graves violaciones de los Derechos del Hombre (crímenes internacionales, asesinatos, muertes, ejecuciones sumarias, violaciones de mujeres y adolescentes, pillaje de bienes públicos y privadas…) ocurridos antes, durante y después de la toma de la ciudad de Goma de fecha 20 de noviembre de 2012, deben responder por sus actos frente a la justicia.
Para la ASADHO, la reconciliación no debe utilizarse para la impunidad de las personas culpables de graves violaciones de los derechos del hombre. Por todo lo anterior, la ASADHO recomienda al gobierno de la RDC que se abstenga de cualquier compromiso con el M23 que utilice la impunidad para todas las personas implicadas en la violación de los derechos del hombre antes, durante y después de la toma de la ciudad de Goma por los rebeldes del M23. La ONGDH apela al Tribunal Penal Internacional a que abra las investigaciones sobre los crímenes internacionales cometidos al este de la RDC.[9]

3. CUESTION DE PUNTOS DE VISTA

En un entrevista  publicada en un semanario francés Jeune Afrique, sobre la seguridad en la parte oriental de la RDC, el secretario general del Forum de los Parlamentos de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (FP-CIRGL) y antiguo vice«presidente del senado ruandés Prosper Higiro, aboga por una «cooperación reforzada», para poder manejar mejor las consecuencias actuales de la delimitación de fronteras de 1886.

Según él, las dos gestiones que se están llevando a cabo actualmente en el marco regional de las discusiones de Kampala, y la dinámica en curso a nivel de la Unión Africana y de Naciones Unidas que tiene previsto desplegar una fuerza internacional neutral-o una brigada de intervención- para sitiar a todos los grupos armados en Kivu, incluido el M23, no son contradictorias sino complementarias. La fuerza internacional neutral se enfrentará no solo a los rebeldes del M23, sino también a otros grupos armados juzgados como negativos. Por lo tanto, si antes del despliegue de dicha fuerza, se llega a un acuerdo en Kampala, ya no será necesario ocuparse del M23. En este caso, la fuerza neutral se enfrentará únicamente a los otros grupos armados. Creemos que las dos delegaciones, la del gobierno congoleño y la del M23, llegarán a cerrar un acuerdo antes del despliegue de la fuerza internacional neutral.

Para salir de esta crisis recurrente en la región de los Grandes Lagos, es necesario reflexionar sobre las causas profundas de la situación de la seguridad en la región de los Grandes Lagos. Habrá que buscar dichas causas no solo en los factores históricos asociados a la delimitación de fronteras, sino también en la gobernanza, ya que la colonización ha dejado en la región algunas situaciones problemáticas.

No decimos que haya que volver a Berlín para rehacer las fronteras, ahora bien, hoy hay que manejar las consecuencias de dichas delimitaciones. En otras palabras, es necesario ocuparse en serio de las zonas donde se encuentran las mismas poblaciones a los dos lados de la frontera. Sería por tanto, deseable una cooperación intensificada entre los países implicados para poder manejar los riesgos y las eventuales consecuencias que los factores históricos han legado.[10]

El 11 de enero de 2012, en una carta dirigida al Secretario General de la ONU, el presidente ugandés Yoweri Kaguta Museveni escribe: «Con respecto al programa de trabajo propuesto para la paz y la seguridad para la RDC y la región de los Grandes Lagos que me envió en diciembre de 2012, quiero decirle que estoy de acuerdo con las proposiciones del mismo, en cuanto a los principios de compromiso y de obligaciones que deben seguirse por el gobierno de la RDC, la región de los Grandes Lagos y la Comunidad Internacional.

Sin embargo, existen tres problemas críticos que, pienso, deben formar parte del programa de trabajo si queremos solucionar el problema de la RDC a largo plazo.

1.         Los derechos de ciudadanía para ciertos grupos étnicos congoleños deben ser respetados y garantizados. Hacerlo de otra manera equivaldría a decir que dichos grupos continuarán luchando de manera intermitente para el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos de la RDC. Durante el tiempo de Mobutu, algunos grupos Tutsi fueron declarados como no-congoleños. El gobierno actual (presidente Joseph Kabila) no ha repetido la postura del presidente Mobutu sobre la no ciudadanía congoleña de los Banyarwanda. Sin embargo, los Banyarwanda congoleños se quejan por la existencia de campañas de odio toleradas por el gobierno. Esto debe ser discutido y resuelto.

2.         La cuestión de las fuerzas negativas que contínúan utilizando el territorio de la RDC como refugio para desestabilizar a sus vecinos.

3.         El uso desequilibrado y la aplicación de las instituciones del sistema de la justicia internacional y las disposiciones, en particular la Corte Penal Internacional y el régimen de sanciones de Naciones Unidas. Aunque combatir la impunidad sea ideal y aceptable, la búsqueda de la paz debería preceder a la justicia, y debería aplicarse de manera igual a todas las partes.

En consecuencia, en el programa de trabajo propuesto, los problemas expuestos en los puntos (1) y (2) deben ser incluidos como obligaciones de la RDC, y el punto (3) debería añadirse a las obligaciones de la Comunidad Internacional».

Totalmente diferente parece ser el punto de vista de la población.

En Bukavu, en Kivu del Sur, la guerra nunca ha parado las idas y venidas entre los dos países. Para numerosos congoleños, los ruandeses vecinos son hermanos.

La frontera entre Ruanda y la RDC en las puertas de Bukavu siempre se quedó abierta durante la ocupación de Goma por el M23 y cuando dicho movimiento rebelde amenazaba con tomar la capital de Kivu del Sur. Los intercambios entre los dos países han continuado como de costumbre. «De todas formas, no tenemos problemas con los ruandeses como pueblo, son nuestros hermanos, nuestros vecinos», explica un maestro congoleño que enseña en Ruanda y que ha continuado yendo todos los días. «Si hay ciertos ruandeses que la tienen tomada con nuestro país, no debemos generalizar a todos los demás», insiste Guy-Noël, humanitario y habitante de Bukavu. «Somos y siempre serenos eternos vecinos. Del mismo modo que hay ruandeses que trabajan aquí, hay compatriotas que viven y trabajan en Ruanda. Es absurdo, por tanto, mirarnos con desconfianza. No es un problema entre dos pueblos sino entre políticos que arreglan sus historias», insiste un joven, que atraviesa la frontera con sus amigos para tomarse una copa en La petite colline, una terraza en Kamembe en Ruanda.

Esta situación de concordia no impide a los habitantes de Bukavu que tengan resentimientos hacia los rebeldes armados del M23, ya que temen que cometan las mismas exacciones que las tropas de Laurent Nkunda cuando invadieron la ciudad en junio de 2004. Los congoleños temen a los rebeldes armados del M23, ya que muchas veces han sufrido a causa de la guerra y no quieren más. «El problema del M23 es que tomó las armas. Nosotros, los docentes, estamos muy descontentos, ignorados desde hace años, ¿debemos también tomar las armas para poder hacernos oír? Nosotros, no queremos más guerra», protesta un docente de Bukavu.

Sylvestre, un motero de Gisenyi (Ruanda), exclama encima de su moto: «Pienso que esta situación es política nosotros, los simples ciudadanos, no estamos implicados. Que los políticos nos dejen vivir tranquilos». Entre sus clientes más fieles figuran congoleños que a menudo van y vienen entre los dos países. «La tendencia de las autoridades ruandesas y ugandesas es la de defender y privilegiar a una sola comunidad. Esto es lo que no me gusta de ellos», prosigue un joven estudiante.

«Cuando vemos lo que vive la gente, nadie puede saber que los políticos ruandeses y congoleños no se entienden», se extraña Mus Nzamu, estudiante congoleño en la Universidad Libre de los Países de los Grandes Lagos (ULPGL) en Goma, que ha atravesado sin más problema Ruanda para volver a su casa en Uvira, en Kivu del Sur.[11]

Hay una pregunta que se hacen a menudo los observadores de la vida congoleña: «¿por qué todas las grandes guerras del Congo comienzan siempre al este del país?».

1.         Según el antiguo presidente francés Nicolas Sarkozy y el antiguo consejero en el departamento de estado americano para los asuntos de África, Herman Cohen, la República Democrática del Congo es un país vasto, rico en recursos naturales y con una densidad  demográfica relativamente baja. Por el contratio, Ruanda es un país pequeño, pobre en recursos naturales y con una alta densidad demográfica. Para resolver sus problemas de falta de recursos y de espacio, Ruanda ha emprendido una política de expansionismo hacia el Congo y una estrategia de ocupación militar y demográfica de dos provincias congoleñas, norte y sur de Kivu. La guerra sirve para expulsar a la población autóctona de su tierra y reemplazarla progresivamente con el excedente de población ruandesa. Bajo el pretexto de la lucha contra los «hutu genocidas» que huyeron del Congo en 1994 y que amenazarían la supervivencia de los «Banyaruanda Tutsis», Ruanda crea continuamente «rebeliones supuestamente congoleñas» que tienen como objetivo declarado la defensa de la población tutsi, y como objetivo oculto la infiltración de soldados y de población civil ruandesa en territorio congoleño. En este contexto, la táctica de la activación de la guerra para forzar al gobierno a negociar sirve para infiltrar el ejército nacional, los servicios de seguridad y las instituciones políticas de la RDC, con el propósito de debilitar y poder tomar el control.

2.         Aunque Ruanda y Uganda figuran en primer plano en la desestabilización del Congo, sin embargo, estos dos países no son más que peones en las manos de las grandes potencias occidentales y de las empresas multinacionales en búsqueda de minerales y petróleo que abunda en el subsuelo congoleño. A pesar de las directivas de la OCDE y de la ley estadounidense Dodd-Frank, no existe aún una legislación internacional común sobre el comercio de minerales y, como consecuencia de todo esto, en el este del Congo la explotación de los recursos naturales está controlada por una red mafiosa compuesta por negociantes, intermediarios, políticos y militares que alimentan la evasión fiscal mediante el contrabando de minerales, vía los países vecinos, en particular Ruanda, Uganda y Burundi.

3. Si la RDC quiere salvaguardar su soberanía nacional y su integridad territorial no debería tratar con el M23, último eslabón de la cadena de desestabilización del país, sino directamente con los países occidentales, especialmente con los Estados Unidos y Gran Bretaña, de tal manera que puedan:

a. Ejercer su influencia sobre Ruanda y Uganda, para que estos dos países dejen de inmiscuirse en la vida política y económica de la RDC y de desestabilizar el este del país, mediante la creación y el sostenimiento de grupos armados en el este de la RDC, como por ejemplo el M23.

b. Promover una legislación internacional sobre la trazabilidad de los minerales, con el fin de impedir que las multinacionales occidentales estén en la base de un comercio ilegal de minerales congoleños, fuente de los conflictos armados en RDC.

4. UNA FUERZA INTERNACIONAL PARA COMBATIR LOS GRUPOS ARMADOS.

El 30 de enero, durante la conferencia semanal de las Naciones Unidas en Kinshasa, el portavoz de la Monusco, el teniente coronel Felix Bass, declaró que los elementos de la fuerza de intervención rápida, que debe desplegarse en el este de la RDC, no provendrán de las tropas de la Misión de las Naciones Unidas en RDC (Monusco). Según él, esta fuerza, que es una iniciativa de la Conferencia Internacional para la región de los Grandes Lagos (CIRGL) y de la Comunidad de de Desarrollo de África Austral (SADC), se comprondrá de elementos tomados de una brigada de la SADC.

El teniente coronel Felix Bass ha explicado que esta fuerza constará de dos mil quinientos hombres, de los que algunos provendrán de la «brigada de reserva de la SADC», que ya, según él, está «preposicionada». El oficial ha añadido que Tanzania y Sudáfrica se han comprometido igualmente a contribuir en la constitución de esta fuerza de intervención. Sin embargo, ha indicado también que un batallón de cascos azules sudafricanos se añadirá a esta fuerza.

«La Monusco, como es habitual, estará cerca y podrá integrar sus fuerzas (en la fuerza de intervención) una vez que el marco del acuerdo que debería firmarse en Addis-Abeba lo esté efctivamente», ha añadido también el teniente coronel Bass. La firma de este acuerdo sobre la paz en el este de la RDC, que supuestamente tenía que haberse producido el pasado 24 de enero en Addis-Abeba, al margen de la cumbre de la Unión Africana, se ha aplazado tras un desacuerdo entre los jefes de estado de la sub-región sobre la composición de dicha fuerza de intervención rápida.[12]

El 6 de febrero, al final de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el secretario general adjunto de la ONU encargado de las operaciones de mantenimiento de la paz, Hervé Ladsous, ha expresado la esperanza de que el acuerdo marco para la paz en el este de la RDC sea firmado en el transcurso de las próximas semanas. Este acuerdo que debería de haberse firmado el 24 de enero pasado en Addis-Abeba, prevé que los países de la región se comprometían a respetar la soberanía de sus países vecinos y a reforzar la cooperación regional en vista de poder resolver las cuestiones de seguridad. Asimismo, prohíbe a dichos países que apoyen a grupos armados y ordena poner fin a la impunidad de los criminales de guerra.

Para Hervé Ladsus «tal acuerdo clarificaría los compromisos de la RDC en vista de reforzar el sector de la seguridad y el ejército y reafirmaría la autoridad del estado en las provincias del este».

Se ha negociado incialmente para ocho estados: La RDC, Ruanda, Burundi, Angola, Uganda, Congo-Brazzaville, Sudáfrica y Tanzania, el marco del acuerdo debería estar rubricado a finales del mes de febrero por once países. La República Centroafricana, Zambia y Sudán del Sur se han unido a los otros. En el contexto de la puesta en marcha de un acuerdo como este y a propósito del despliegue de una fuerza internacional neutral encargada de imponer la paz en Kivu, Hervé Ladsous evoca de nuevo la idea de la creación de una brigada internacional en el seno de la Monusco. Esta brigada tendría que estar constituida por 2500 hombres que tendrían que combatir los grupos armados activos en el este de la RDC.[13]

El 8 de febero, a la salida de una cumbre extraordinaria en Maputo (Mozambique) en el que también participaba el presidente congoleño Joseph Kabila, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) ha decidido el envío de una fuerza para mantener la paz en RDC autorizada a combatir los grupos armados en el este del país. Se esperaba esta decisión para facilitar la puesta en marcha de un plan regional de paz propuesto por Naciones Unidas para poner fin al conflicto. Los responsables de la SADC han decidido que esta fuerza de 4000 hombres poseería su propia estructura de mando y sus propias reglas de contratación, aunque jerárquicamente tenga que responder a Naciones Unidas .
Se ha decidido que a diferencia de la Monusco, que no tiene autorización para combatir, la fuerza internacional neutral tendrá algo parecido a nuevas órdenes y podrá combatir a quien o quienes intenten desestabilizar la situación en el este del Congo. Sin embargo, no se ha fijado calendario alguno para el despliegue. El secretario general de la SADC, Tomaz Salomao, ha indicado que Tanzania, Sudáfrica, Malawi y Zimbabue prometieron tropas.[14]